Indocumentados al borde de la desesperanza
El COVID-19 está afectando de forma desproporcionada a afroestadounidenses y latinos en EE.UU., especialmente en Nueva York, epicentro de la pandemia en estos momentos, donde los latinos conforman el grupo con más muertos por covid-19.
Los factores que explican esta realidad son diversos.
Uno de los más destacados es el hecho de que apenas un 16% de los latinos, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., tiene un trabajo que pueda hacer desde casa.
Así, una mayoría de los que tienen la suerte de tener empleo deben salir para desempeñarlo, exponiéndose al contagio.
Y dentro de la comunidad latina, hay un grupo todavía más vulnerable: los indocumentados, unos 11 millones de personas que no tienen cobertura médica, trabajan en empleos inestables -y habitualmente sin beneficios ni derecho a subsidio de desempleo- y han quedado fuera de los cheques de ayuda enviados por el Departamento del Tesoro, pese a que muchos de ellos pagan impuestos.
Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una cuestión de prioridades.
Ante la pregunta de un reportero el pasado 1 de abril sobre si los inmigrantes indocumentados recibirán ayuda del gobierno durante la crisis, Trump dijo lo siguiente:
“Cuando dices indocumentados quieres decir que vinieron ilegalmente. Muchas personas dirían que tenemos un montón de ciudadanos que ahora mismo se han quedado sin trabajo. ¿Qué haces entonces? Es difícil, es muy terrible, un asunto muy triste, si le soy honesto. Pero vinieron ilegalmente. Y muchos ciudadanos de nuestro país no pueden trabajar”.
La mayoría de los inmigrantes sin papeles que trabajan en EE.UU. lo hacen en sectores considerados esenciales: la agricultura, la limpieza, el transporte, fábricas de procesamiento de carne, puerco y pollo, supermercados y el cuidado a niños o ancianos.
Muchos de estos inmigrantes indocumentados tienen miedo a que les pidan la documentación si acuden a un hospital o, peor, que los dejen morir intencionadamente.
En Nueva York, el estado más golpeado por la pandemia, hay cierta apertura de las autoridades a incluir a los indocumentados en sus programas de ayuda.
Más claro es el caso de California, donde el gobernador Gavin Newsom anunció la semana pesada un fondo de US$75 millones destinado a los inmigrantes sin papeles.Pero en general, es una comunidad olvidada.
Existe otra razón por la que los inmigrantes indocumentados, especialmente los que están en camino de regularizar su situación, son reticentes a solicitar ayuda: la figura de la “carga pública”.
Se trata de una regla que entró en vigor a finales de febrero y que contempla la posibilidad de negar la residencia permanente o una extensión de visado a aquellos extranjeros que las autoridades migratorias consideren que no son capaces de mantenerse por sí mismos y, por tanto, pueden convertirse en una carga económica para el estado.
Las autoridades migratorias anunciaron en marzo la suspensión de la norma de la carga pública, que no será aplicada durante la pandemia.
Además, ICE adelantó que no efectuará redadas ni deportaciones, salvo en caso de criminales convictos y peligrosos.
Sin embargo, estos anuncios no llegan a toda una comunidad que no necesariamente tiene buen acceso a la información y que se siente desamparada ante una crisis a la que no se le ve el final.
